Trabajadores municipales, junto al intendente Pablo Grasso y funcionarios, protagonizan este jueves una movilización en defensa de los fondos coparticipables. El Municipio entregará tres petitorios y advierte que una eventual retención para afrontar obligaciones previsionales podría afectar salarios, servicios y la autonomía municipal.
La disputa por los recursos de coparticipación volvió a ganar las calles de Río Gallegos. Este jueves, trabajadores municipales participan de una movilización convocada por el Municipio, que tiene como objetivo expresar el rechazo a una eventual retención de fondos coparticipables vinculada con aportes previsionales y entregar petitorios ante los tres poderes del Estado provincial.
La protesta es encabezada por el intendente Pablo Grasso, acompañado por funcionarios de su gabinete y trabajadores de distintas áreas municipales. La marcha tendrá como destinos el Tribunal Superior de Justicia, la Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados.
Desde el Ejecutivo municipal sostienen que el conflicto excede la discusión salarial y representa, en su interpretación, un debate de fondo sobre la autonomía de los municipios y el manejo de los recursos que les corresponden por coparticipación.
El jefe de Gabinete, Diego Robles, explicó que la participación de los trabajadores es voluntaria y que quienes no se sumaron a la movilización permanecen en sus lugares de trabajo. También indicó que algunos sectores mantienen personal destinado a tareas consideradas de emergencia.
La movilización contempla tres presentaciones formales.
La primera será entregada al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, donde el Municipio solicitará que se avance en la resolución de fondo de la controversia judicial y se determine en qué condiciones puede aplicarse la normativa previsional sobre los recursos municipales.
El segundo petitorio será presentado en Casa de Gobierno y estará dirigido al gobernador Claudio Vidal. El reclamo central será que el Ejecutivo provincial no avance con descuentos sobre la coparticipación correspondiente a Río Gallegos.
Finalmente, una tercera presentación llegará a la Cámara de Diputados, vinculada con una propuesta para modificar el actual esquema establecido por la Ley de Coparticipación.
Para el Municipio, una discusión definitiva debería contemplar una revisión del sistema de distribución de recursos entre la Provincia y los gobiernos locales.
El conflicto se encuentra relacionado con la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial 1782 y con las obligaciones previsionales de los municipios.
El antecedente inmediato fue la decisión del Tribunal Superior de Justicia que, durante julio, dejó sin efecto una medida cautelar que impedía aplicar el mecanismo para recuperar fondos vinculados con aportes previsionales adeudados.
Desde el Municipio cuestionan que la discusión pueda resolverse mediante una detracción de la coparticipación y advierten que una reducción de los recursos disponibles podría comprometer el funcionamiento cotidiano del Estado local.
La Provincia, en cambio, sostiene que existen aportes previsionales correspondientes a trabajadores municipales que fueron retenidos y no transferidos a la Caja de Previsión Social, y que la legislación contempla mecanismos para recuperar esos fondos.
Así, las dos administraciones mantienen posiciones contrapuestas respecto del origen de la deuda, el mecanismo para recuperarla y, fundamentalmente, quién debe asumir el impacto económico.
Durante la jornada, Robles buscó instalar una discusión más amplia.
El funcionario sostuvo que el reclamo no se limita a defender los salarios de los trabajadores municipales, sino que involucra la capacidad del Municipio para sostener servicios, obras, políticas públicas y funcionamiento institucional.
Desde esa perspectiva, una eventual disminución de la coparticipación no sería una cuestión meramente contable, sino que podría modificar la capacidad de respuesta del gobierno local frente a las demandas de los vecinos.
El jefe de Gabinete también rechazó las críticas vinculadas con la administración de los recursos municipales y cuestionó que funcionarios provinciales analicen públicamente las cuentas del Municipio.
La movilización se produce en un contexto de creciente tensión política entre el Gobierno de Santa Cruz y la administración de Río Gallegos.
El enfrentamiento por los recursos coparticipables se suma a otros cruces entre ambas gestiones y tiene como telón de fondo la discusión sobre el endeudamiento provincial, la distribución de fondos y las responsabilidades financieras de los municipios.
Para el Ejecutivo municipal, la cuestión previsional debe resolverse mediante mecanismos que permitan cumplir las obligaciones sin poner en riesgo los recursos destinados a la prestación de servicios.
En ese sentido, la administración de Grasso insiste en que los fondos coparticipables pertenecen al Municipio y, por extensión, a los vecinos de Río Gallegos, por lo que cualquier mecanismo de retención debe ser discutido institucionalmente.
Otro de los planteos formulados durante la jornada es que la discusión no debería quedar circunscripta a la capital provincial.
Desde el Municipio consideran que el debate sobre la autonomía municipal y el sistema de coparticipación puede tener consecuencias para todas las localidades de Santa Cruz.
Por eso, la movilización busca instalar una pregunta que excede el conflicto puntual entre Grasso y Vidal: ¿hasta dónde puede avanzar la Provincia sobre los recursos de los municipios y qué mecanismos deberían existir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sin comprometer salarios y servicios?
La respuesta, en última instancia, deberá surgir de los ámbitos judiciales y legislativos, mientras el conflicto continúa sumando capítulos y la discusión por los recursos públicos vuelve a ocupar el centro de la escena política santacruceña.
